Unidad Popular UP

Unidad Popular (también conocido por el acrónimo UP) fue una coalición electoral de partidos políticos de centro-izquierda e izquierda de Chile que llevo a la Presidencia de la Republica a Salvador Allende.

La UP se formó en diciembre de 1969 con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del Frente de Acción Popular. Estuvo conformada por el Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, incorporándose la Izquierda Cristiana y el MAPU en 1970 y el MAPU Obrero y Campesino (escición del MAPU) en 1973. Además contó con el apoyo de la central sindical nacional, la CUT (Central Única de Trabajadores). Los partidos políticos estaban representados en la Comisión Política de la UP. Para los simpatizantes independientes se formaron los CUP (Comités de la Unidad Popular) a nivel vecinal, de fundo, de servicio público y de fábrica.





Uno de los principales problemas fue la designación del abanderado de la izquierda, si bien Salvador Allende era el candidato lógico (tres campañas presidenciales: 1952, 1958 y 1964), el Partido Socialista no lo apoyaba completamente a pesar de formar parte de sus filas. El Partido Comunista había propuesto a Pablo Neruda. Al final ganó la candidatura de Allende el 22 de enero de 1970.

Partiendo de una critica de la gestión del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el programa de gobierno de la UP se plasmó en el Programa básico de la Unidad Popular y Las 40 primeras medidas del Gobierno Popular. Estos conformaron, junto con la acción de Allende asesorado por Joan Garcés, la vía chilena al socialismo (la revolución con vino tinto y empanadas, en un discurso de Allende). Esta postulaba la posibilidad de que un país capitalista subdesarrollado efectuara un tránsito democrático y no violento al socialismo. Dicho paso facilitaría y crearía las condiciones para llegar al socialismo. Todo lo anterior por la vía del proceso democrático y por medio del uso de la legalidad del Estado. Sin la necesidad de contar con un partido único que lo efectuara, solo la coalición de todas las fuerzas democráticas que estuvieran a favor de los cambios sociales y democráticos. En cierta forma se trataba de crear un nuevo bloque hegemónico dentro de la línea de Antonio Gramsci. Dicha idea influyó posteriormente en el eurocomunismo. La vía chilena al socialismo iba en sentido contrario de la vía armada que se propugna en Latinoamérica en la década de 1960 y 1970.

Las medidas de gobierno fueron la participación de los trabajadores en las empresas (cogestión), terminar con el latifundismo acelerando el proceso de la reforma agraria, nacionalización de la banca y las empresas, nacionalización del cobre, distribución de medio litro de leche diario a cada niño. La creación de tres áreas de propiedad (social, mixta y privada) que no se pudo efectuar por oposición del Congreso Nacional.

Las reformas sociales impulsadas por el gobierno generaron un gran déficit en los recursos fiscales. Para poder seguir financiando estas reformas, el gobierno decidió mantener el gasto fiscal mediante la impresión desmedida de dinero. Esta sobreemisión fiscal, entre otros factores, produjo una creciente inflación que llegó a 600% en 1973 (oficialmente a 342%).

Sin embargo la UP se vio tensionada entre las acciones para avanzar al socialismo por la vía legal, tal como era propuesto por Allende, el Partido Comunista, los radicales y sectores del Partido socialista y el MAPU, y un sector que promovía avanzar en una forma más radicalizada, promovida por el MIR, que no pertenecía a la UP, y sectores del PS y el MAPU. Tales contradicciones hicieron que en 1973 la UP no existiera como alianza política efectiva al estar paralizada las relaciones entre sus miembros, prefiriéndose el entendimiento directo con el presidente Allende.

Después del golpe de estado de 1973, el Comité Político de la UP siguió existiendo en extranjero pero a modo simbólico ya que cada partido persigue su propia estrategia para oponerse al Gobierno Militar, aunque existía un Secretariado Ejecutivo Oficial en la República Democrática de Alemania, encabezado por Clodomiro Almeyda. En el año 1979 entra en franca crisis por efecto del fraccionamiento del PS, para ser disuelto definitivamente el año 1980.

Retrospectivamente se puede hacer el balance que importantes sectores políticos de la UP no lograron entender la estrategia de la vía chilena al socialismo. Esto tocaba un tema esencial que era la importancia del sistema democrático y su validez como campo de acción política. Aspecto que era criticado en sectores de la izquierda. Así como una falta de disciplina de parte del PS, el partido del Presidente, ante las medidas del gobierno.

La canción Venceremos, con letra de Claudio Iturra y música de Sergio Ortega, fue el himno de la UP.

Sus estrofas decían:

Aquí va todo el pueblo de Chile
aquí va la Unidad Popular,
campesino, estudiante y obrero
compañeros de nuestro cantar.
Venceremos, venceremos,
con Allende en septiembre a vencer.
Venceremos, venceremos,
¡La Unidad Popular al poder!".

Resultados electorales de la UP

• Resultado de elecciones presidenciales de 1970.

Candidato	Partido/Coalición	Votos	%
Salvador Allende Gossens	Unidad Popular (UP)	1.075.616	36,3%
Jorge Alessandri Rodríguez	Independiente de derecha	1.036.278	34,9%
Radomiro Tomic	Democracia Cristiana	824.849	27,9 %
Total votos válidamente emitidos		2.946.743

• Resultado de elecciones de Cámara de Diputados de marzo de 1973.

Partido	Número de votos (en miles) y (%)	Número de diputados (150 en total)
PSCh	687,6 (18,4%)	27
PCCh	587,8 (16,0%)	26
PR	134,2 (3,6%)	5
MAPU	90,7 (2,5%)	2
IC	43,5 (1,2%)	1
API	29,0 (0,8%)	2
Votos lista UP	30.0 (0,8%)	N/A
Total UP	1.602,8 (43,3%)	63

Chile, la Unidad Popular :

cronología 1970 - 1973

1970

Enero - Salvador Allende es designado candidato de la Unidad Popular a la presidencia de la República (socialistas, comunistas, radicales y social-demócratas).
Septiembre 4 - La Unidad Popular obtiene la primera mayoría relativa (36,3 %), Jorge Alessandri de la coalición derechista obtiene el 34,9 % y Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana 27,8 %
Octubre 26 - Allende es ratificado por el Congreso como el nuevo presidente de Chile. El acuerdo es logrado gracias al apoyo de la Democracia Cristiana que condiciona su voto a la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas. Un clima de extrema tensión política precede esta ratificación, su punto culminante es un complot apoyado por la CIA que concluye con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, conocido por sus posiciones constitucionalistas.
Noviembre 4 - Allende asume la presidencia. Comienza la aplicación del programa de la Unidad Popular y de las Primeras 40 Medidas, se reanudan las relaciones diplomáticas con Cuba y con los otros países socialistas. Chile se declara como Nación no Alineada.
Diciembre - Se inicia la nacionalización de la industria textil. Se suscribe el acuerdo UP - CUT (Central Unica de Trabajadores) que instaura la participación de los trabajadores en todos los ámbitos de la sociedad. Comienza la aplicación de la nueva economía y se prepara la creación del Area de Propiedad Social.

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1971
Enero, febrero - El Congreso nacional reforma la Constitución, introduciendo en ella las claúsulas previstas en el Estatuto de Garantías acordado con la Democracia Cristiana. La movilización en el campo provoca una aceleración del proceso de reforma agraria. Se inicia la nacionalización de los bancos y principales empresas. En su XXIII congreso nacional el partido socialista ratifica su adhesión a la vía insurreccional eligiendo a Carlos Altamirano como secretario general.
Abril - En las elecciones municipales la Unidad Popular obtiene el 51 % de los votos. En mayo, Allende lee su primer mensaje ante el Congreso: la Vía Chilena al Socialismo.
Junio - Es asesinado el ex ministro demócrata-cristiano Pérez Zújovic, por el grupo ultra izquierdista VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), lo que dificulta las relaciones con la Democracia Cristiana. Nace la Izquierda Cristiana, un sector de la DC que se une a la UP.
Julio - El Congreso aprueba por unanimidad la nacionalización de los minerales de cobre. Se declara el 11 de julio como Día de la Dignidad Nacional.
Agosto - Allende realiza una gira por Ecuador, Colombia y Argentina.
Octubre - Allende presenta el proyecto de ley sobre las Areas de la Economía y participación de los trabajadores. Se propone la creación de tres áreas de propiedad: privada, mixta y social, esta última se constituirá con 91 empresas básicas. Se dan, además los pasos necesarios para estatizar la banca y el comercio exterior. Pablo Neruda recibe en Estocolmo el premio Nobel de literatura.
Noviembre - Visita oficial de Fidel Castro que permanece por más de tres semanas en Chile.
Diciembre - El primero de Diciembre los partidos de oposición organizan la llamada marcha de las cacerolas vacías que se transforma en la primera gran movilización anti UP. Una intensa y creciente campaña de propaganda agita los fantasmas del miedo al caos y al terror revolucionario. El gobierno norteamericano, la CIA y las trasnacionales estadounidenses no cesarán de intervenir en Chile, apoyando directamente con medios materiales y dinero a las organizaciones terroristas de derecha, los complots militares, los medios de comunicación derechistas y al partido demócrata cristiano.

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1972
Febrero - Reunión de la UP en El Arrayán , se analizan los resultados económicos, el bloqueo de Estados Unidos. La baja del precio internacional del cobre así como el boicot interior crean dificultades crecientes que se irán acentuando en los meses siguientes. Chile denuncia el embargo de sus bienes en EEUU por parte de la compañía Braden Copper y decide no pagar las imdemnizaciones a la compañía norteamericana.
Junio - El proceso de estatización de la banca ha logrado la mayor parte de sus objetivos, lo mismo ocurre con la reforma agraria, en el año se supera la cantidad total de expropiaciones del gobierno anterior. El país vive una crisis política profunda, la oposición moviliza todas sus fuerzas con la intención de acrecentarla al máximo. En Lo Curro la UP se reune para analizar la situación, los sectores más radicalizados llaman a Avanzar sin transar, Allende y el PC impulsan una línea que asegure el cumplimiento del programa y permita el diálogo con la DC.
Julio - En Concepción el MIR exige la formación de una Asamblea del pueblo, proposición apoyada por el MAPU y el PS, y rechazada por el PC y Allende que condena las tendencias divisionistas en el seno de la UP.
Agosto - Se crea la CODE, coalición de partidos de derecha que incluye el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Se acentúa la ofensiva de desestabilización, huelgas de comerciantes minoristas, empresarios del transporte, atentados del grupo de extrema derecha Patria y Libertad, se suman a la acción parlamentaria de acusaciones constitucionales. Por otro lado sectores radicalizados tratan de desbordar la acción del gobierno. Allende intenta mantener la unidad del gobierno.
Septiembre - Se inicia la huelga de los camioneros. Las compañías norteamericanas del cobre amenazan con embargar los cargamentos de cobre en el extranjero. La UP denuncia un plan que pretende precipitar al país a una guerra civil, llama a formar comités antifascistas y a la organización popular para paliar los efectos de la crisis resultante del boicot externo e interno.
Octubre - La huelga de los camioneros se transforma en un verdadero lock out patronal. La movilización anti UP se articula: la oposición parlamentaria, la intervención norteamericana, los grupos de extrema derecha así como los sectores medios, representados por la Democracia Cristiana se unen en torno a las posiciones más irreductibles. El país es prácticamente paralizado durante más de tres semanas El gobierno decreta el estado de emergencia .Se constituyen los cordones industriales , las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) y otras formas de participación popular en las empresas. Un cargamento de cobre es embargado en Francia, los estibadores franceses se niegan a desembarcar los barcos embargados, y los tribunales franceses levantan el embargo. Pablo Neruda es nombrado embajador de Chile en París. El proceso político chileno despierta enorme interés en el mundo entero. Desde sus primeros días, el gobierno de la Unidad Popular contó con la simpatía de vastos sectores que se manifestarán en los años de dictadura con el apoyo constante a la resistencia, en la acogida de los refugiados chilenos y en el terreno diplomático.
Noviembre - La crisis se supera, Allende crea un gabinete con la participación de los militares. El comandante en jefe del ejército, general Prats es nombrado ministro del Interior (El general Prats y su esposa serán asesinados por la DINA, la policía secreta de Pinochet en septiembre de 1974 ). También integrarán este nuevo gobierno los representantes de la CUT.
Diciembre - Se crea la Secretaría Nacional de la Mujer. Allende visita Perú, México, Argelia, Unión Soviética, Cuba y Venezuela. Son especialmente recordados su discurso en Guadalajara y el que pronunciara en las Naciones Unidas. En Chile se reagudiza la crisis política.

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1973

Enero - Nuevo embargo de cobre en Hamburgo.
Marzo - En las elecciones legislativas de marzo la Unidad Popular obtiene el 43,4 % de los votos lo que impide un derrocamiento constitucional. Los militares abandonan el gobierno.
Abril - Se inicia una nueva serie de conflictos gremiales, el más grave es el de los mineros del mineral de cobre El Teniente que durará más de dos meses y medio. Las otras minas de cobre no participan en la huelga e incrementan la producción. El proyecto de la UP sobre la educación provoca nuevos enfrentamientos.
Mayo - En su mensaje al Congreso, Allende advierte acerca de los peligros que se ciernen sobre la democracia y la paz.
Junio - El 29 se produce el levantamiento del regimiento blindado N° 2 de tanques, al mando del coronel Roberto Souper. Es sofocado en una acción dirigida personalmente por el general Prats. La CUT y los cordones industriales apoyan al gobierno. Los militares comienzan a aplicar la ley de control de armas aprobada por la oposición el año 72. Esta ley es aplicada exclusivamente en fábricas, poblaciones y organizaciones populares, y su única consecuencia es un aumento de las tensiones. El bloqueo parlamentario es total.
Julio - Allende intenta, con la mediación del cardenal Silva Henríquez, un diálogo con la DC sin resultados. La DC participa activamente en la concertación contra el gobierno y la democracia, junto a la derecha. La CIA y los monopolios norteamericanos no descansan. Desde antes de la ratificación de la elección de Allende en 1970 desarrollan todo tipo de iniciativas para desestabilizar al nuevo gobierno, invierten cantidades de dinero en sostener los diarios de la oposición, en los grupos terroristas de extrema derecha y en el partido Demócrata Cristiano. Además acentúan sus contactos en el seno de las fuerzas armadas. El 27 es asesinado por comandos de ultraderecha el edecán naval de Allende, comandante Arturo Araya. Se agrava la crisis económica y aumentan los atentados terroristas de Patria y Libertad.
Agosto - Se reinicia la huelga de los camioneros, Allende decide enfrentar la situación incorporando a los jefes de las fuerzas armadas y carabineros a su gobierno, los que tres semanas más tarde renuncian. Eduardo Frei, presidente del Senado, declara que el gobierno es inconstitucional, abriendo paso a una salida golpista. Varias provocaciones son montadas contra el general Prats siendo obligado a renunciar a su puesto de comandante en jefe del ejército, en el que es reemplazado por Augusto Pinochet.
Septiembre -. El Comando Nacional de Gremios ( Coordinadora de organizaciones patronales) llama a una ofensiva nacional contra el gobierno de la UP. El 4 de septiembre, en todo el país se celebra el tercer aniversario del gobierno en Santiago. Alrededor de un millón de personas desfilan por última vez frente al presidente Allende. El 9, Carlos Altamirano, secretario general del PS llama al enfrentamiento, a oponerse por todos los medios a la ofensiva golpista, descartando cualquier tipo de diálogo. El 10, Allende anuncia a sus ministros y a los militares su decisión de convocar a un pleibiscito para resolver la crisis. El 11 de septiembre un golpe de estado termina con el estado de derecho en Chile, las instituciones democráticas son clausuradas y reemplazadas por una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quien crea una nueva institucionalidad basada en la represión y la eliminación sistemática de sus opositores. La constitución así creada es la que rige aún hoy la República de Chile.
Allende junto a un puñado de colaboradores resisten en el palacio de la Moneda, bombardeada por la aviación. En el asalto final muere Salvador Allende, quien se suicida. La gran mayoría de los sobrevivientes desaparecen, iniciando así la inmensa lista de detenidos-desaparecidos que no dejará de incrementarse durante los años de dictadura.

Programa de la Unidad Popular

Programa de la Unidad Popular

Aprobado por los partidos : comunista, socialista, radical y social-demócrata, el movimiento de acción popular unificado (MAPU), y la acción popular independiente (API), el 17 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile.

Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.
Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo qué ha fallado?
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.
Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.
Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.
Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.
En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.
El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular.
El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.
Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.
Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.
La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes, de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.
Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.
De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.
Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre.
Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.
Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA.
Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.
En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto.
A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen negocio se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.
El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema público, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.
Para que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:
- No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
- No permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;
- No dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero,
- No dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;
- No permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo. Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:
- Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.
- Las necesidades de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.
- Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufre en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.
El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 % de la población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.
El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento.
Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.
Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones corno han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratas de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.
Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50 % de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.

Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.
Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.
El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a las de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno demócratacristiano.
Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.
El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.
La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.


EL PROGRAMA
El Poder Popular

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.
Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple Sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad del campo.
El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.
En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:
- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos las conquistas de los trabajadores; y
- Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.
Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.
En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.
El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales.
El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.
Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.
La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL :
EL ESTADO POPULAR
La organización política

A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva pueblo al poder estatal.
Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.
La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.
Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido.
Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin, de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.

A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.
La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.
Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o de la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñe como gestor de intereses privados.

Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con los que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.

Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.
Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.

Desde el día mismo, que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.
Estos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.
La organización de la justicia

La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.
Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.

Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.
Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.
La Defensa Nacional

El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.
El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.

Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:
- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir el pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.
- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.
- Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.

Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.

El movimiento popular,
la Unidad Popular
y el golpe

Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político que permitió la unidad de la Izquierda y que llevó a Salvador Allende a la presidencia el 4 de septiembre de 1970. Tampoco el fin de la Unidad Popular puede ser visto sólo como el quiebre de nuestro sistema democrático resultado de la polarización social y política y de los callejones sin salida del sistema político chileno. Ambos hechos son importantes, pero cada uno de ellos completamente insuficiente para explicar tanto el origen como el fin de la UP.
En verdad a la Unidad Popular, desde un punto de vista histórico, hay que verla como el resultado de largas luchas populares que se remontan a mediados de siglo XIX, cuando la Sociedad de la Igualdad bajo el liderazgo de Arcos y Bilbao ya se había planteado la necesidad de una transformación profunda de la sociedad chilena.

Y, por otra parte, el fin de la Unidad Popular se termina de explicar como la reacción de los grupos dominantes nacionales y extranjeros -y de importantes segmentos de la clase media- frente a la movilización popular, es decir, a la revolución que venía “desde abajo”. De este modo tanto las luchas históricas del movimiento popular en Chile como sus movilizaciones en los años de la Unidad Popular, son fundamentales para entender la Unidad Popular y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
LA UP COMO RESULTADO
DE LUCHAS POPULARES HISTORICAS
Desde un punto de vista histórico, la primera reflexión es que la sociedad chilena es una sociedad fracturada en su origen: surge de la invasión y de la conquista española. En segundo lugar, la conquista da lugar a un rígido orden social, que define clara y rigurosamente la posición de ricos y pobres, blancos, indios y mestizos; en tercer lugar, el proceso de independencia no modificó sustantivamente el orden económico y social y dio lugar a un orden político definidamente autoritario (el régimen portaliano, el del peso de la noche, de la autoridad obedecida, etc.). De este modo, tanto en la etapa colonial como en gran parte del primer siglo de la república, el pueblo estuvo fuera de la política y no participa de ella, al menos en un sentido formal.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el pueblo no desarrollara “acciones colectivas” que lo fueran constituyendo en “sujeto colectivo”. Por ejemplo, como ha demostrado el historiador Gabriel Salazar, importantes segmentos del pueblo emigraron del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX: los peones necesitaron “echarse al camino” para “probar suerte”, buscando dejar atrás la tradicional estructura agraria que les impidía desarrollarse como campesinos. En este proceso de “descampesinización”, unos devinieron en pirquineros, otros en artesanos, otros en comerciantes ambulantes y otros en vagabundos o bandoleros. Un rico y dinámico proceso identitario se puso en movimiento y la élite fue evolucionando del “miedo al indio”, propio de la primera etapa colonial, al “miedo a los pobres”, que ya se había hecho manifiesto a mediados del siglo XVIII, cuando se crearon los primeros cuerpos de policía en la ciudad de Santiago (en realidad, los llamados problemas de “seguridad ciudadana” no son tan nuevos, como se pretende).
Pero junto a los procesos sociales de cambio que tenían en su base la permanente búsqueda de la sobrevivencia del pueblo, ya en 1850 se desarrolló la primera experiencia de organización sociopolítica del pueblo a través de la Sociedad de la Igualdad, experiencia democratizadora de corta vida por obra y gracia del estado de sitio y la represión del ministro Antonio Varas. Gran parte de la segunda mitad del siglo XIX fue de ensayos organizativos, muchos de ellos con gran autonomía del Estado, hasta que, en los inicios del siglo XX estalló la “cuestión social”: por una parte se hicieron cada vez más visibles e insoportables las deterioradas condiciones de vida de la mayoría del pueblo y por otra, emergió con inusitada fuerza y extensión la protesta social. Un ciclo de huelgas y motines abrió el siglo XX chileno, desde la huelga portuaria de Valparaíso, en 1903, hasta la movilización obrera a lo largo y ancho de la pampa salitrera, que culminó en la masacre de la escuela Santa María de Iquique, en 1907.
Así se inició el siglo XX, con la entrada en la escena política del movimiento popular chileno. Desde un punto de vista social, en cierto modo, un siglo XX corto, que corre desde 1903 a 1973, desde la huelga portuaria de Valparaíso hasta el golpe de Estado. En estos 70 años el movimiento popular se fue nutriendo y ensanchando con diversos movimientos sectoriales: el obrero, el campesino, el de los estudiantes, el de los profesores, los empleados públicos y más tarde, los pobladores, las mujeres en sus diversas vertientes, los jóvenes, los cristianos, etc. En estos 70 años diversas coyunturas marcaron el desarrollo del movimiento popular: en los 20, desde las marchas del hambre articuladas por la Foch hasta la primera Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, de 1925; en los 30, desde las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936 hasta la constitución del Frente Popular; en los 40, desde el reconocimiento e integración de la Izquierda al sistema político hasta la represión de los mineros del carbón y la ley maldita; en los 50, desde la fundación de la CUT, pasando por la toma de La Victoria hasta la casi elección de Salvador Allende en 1958; en los 60, desde las huelgas de la educación, la salud, las tomas de fundos y sitios hasta, ahora sí, la elección de Allende en 1970.
En cada una de estas coyunturas lo que estuvo en juego fueron demandas de justicia social y de democratización política, horizonte ya previsto por Recabarren y sus cercanos en 1912, cuando afirmaron que no bastaba la democracia política, sino que se requería de la democracia social y económica para hacer posible el socialismo y la “felicidad del pueblo”. Para luchar en esta perspectiva fundaron el Partido Obrero Socialista. En las diversas coyunturas de movilización popular que recorren el siglo XX se ensayaron diversas estrategias, en que convivían formas de organización y de lucha que ponían el acento en la reivindicación al Estado así como en la autonomía de los movimientos y sus capacidades de producir cambios con o sin el Estado. Esta tensión, entre la autonomía del movimiento y su dependencia del Estado y del sistema de partidos, que recorre la historia del movimiento popular, se hizo presente muchas veces y alcanzó un punto crítico durante la Unidad Popular.
En efecto, en los años veinte, cuando se aprobaron las primeras leyes laborales, el movimiento obrero debió optar entre mantener sus viejas organizaciones -que había gestado con anterioridad a la ley- o aceptar la legislación, lo que por lo demás formaba parte de sus propias demandas. El problema estaba en que la legislación laboral junto con reconocer derechos a los trabajadores (al contrato, la huelga, la sindicalización, etc.) al mismo tiempo limitaba las prácticas y orientaciones políticas del movimiento obrero. La salida a esta disyuntiva en los años 30 fue aceptar la legislación “sin renunciar a la lucha de clases”, con lo que se debía admitir una suerte de “autonomía relativa” del movimiento, que tensionaría su propio desarrollo.
Consideremos otro ejemplo, que da cuenta de problemas semejantes. En los años cincuenta todo el mundo sabía que el problema habitacional era un problema social de envergadura. Bastaba acercarse a los conventillos que se habían multiplicado en varios sectores de Santiago o recorrer las riberas del Mapocho o el Zanjón de la Aguada, donde miles de familias vivían en poblaciones callampas. Los pobladores entonces debieron confiar en sus propias capacidades organizativas, establecer alianzas con los partidos políticos y sectores progresistas de la Iglesia e inventar una estrategia de salida al problema de la vivienda: las “tomas de sitios”, que combinaban acciones ilegales (tomar un sitio era una forma de “acción directa” al margen de la ley) con acciones legales y de apoyo institucional (se demandaba seriamente a las autoridades y se solicitaba a los parlamentarios que se hicieran presente en el lugar de la toma, para impedir o neutralizar la acción represiva de Carabineros). Es decir, el movimiento debía ser capaz de transitar en una delgada franja que separaba lo institucional de lo extra institucional. Los ejemplos se pueden multiplicar si se considera sectorialmente a los movimientos; los campesinos muchas veces debieron recurrir a la toma de los fundos para que se aplicara la ley de reforma agraria, o los estudiantes a medidas de fuerza para hacer posible la democratización de las universidades...
Pues bien, estas tensiones que acompañan el desarrollo del movimiento popular no constituían sólo problemas de principios o de eficacia política, sino que daban cuenta de las enormes dificultades de los movimientos para producir el cambio social y mejorar sus condiciones de existencia social, en el sentido de una sociedad no sólo desigual sino que con un régimen institucional débilmente democrático. Es decir, un régimen sobre el cual sólo se podía incidir mediante fuertes presiones -que éste siempre veía como una amenaza al orden establecido, por eso la Ley de Seguridad Interior del Estado- y en donde la lógica de representación constituía a los partidos políticos como los principales interlocutores válidos para producir el cambio en el campo institucional.
Este último aspecto, el papel de los partidos políticos, no es nada menor y tendrá variados efectos sobre los propios movimientos de base. Si producir cambios implica afectar el sistema institucional, entonces los partidos adquieren un papel central, lo que plantea a los movimientos también una tensa relación de colaboración, autonomía y dependencia. Los partidos, por su parte, habiendo aceptado el juego político democrático, sobre todo los de la Izquierda política, buscarán ejercer su papel de representantes de los movimientos, aunque en rigor habida cuenta del marxismo dominante, de representantes de la clase. En este contexto, la articulación de una alianza política, como la Unidad Popular, resulta fundamental para poner en marcha un proceso de cambios de tipo estructural, más radical y consecuente que lo que había sido el Frente Popular en los años cuarenta.
LA REVOLUCION “DESDE ABAJO” O EL INCREMENTO DE LAS LUCHAS POPULARES DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR
En la tensión, por decirlo así, constitutiva del movimiento popular con su autonomía relativa del Estado, la UP representó un momento en que se incrementaron todas las luchas populares, las más históricas y las más nuevas, multiplicándose los sujetos y los actores del cambio. Ya en los sesenta la DC había proclamado que “todo Chile tiene que cambiar” y la estrategia de cambio “desde arriba” había mostrado sus límites hacia fines del gobierno de Frei: éste se veía sobrepasado por las demandas y las movilizaciones populares. Nunca el pueblo de modo tan masivo como en la UP comenzó a hacerse protagonista de su propio destino, pero también nunca como en la UP la actividad del pueblo fue percibida como una amenaza tan radical por los grupos sociales tradicionales, cuando los viejos miedos se multiplicaron y fueron eficientemente exacerbados por la prensa de la derecha.
Durante la UP la tensión histórica del movimiento popular se hizo más radical. Ahora el pueblo contaba con el gobierno como un aliado en sus luchas, pero el gobierno sería muy pronto sitiado por los poderes tradicionales, tanto externos como internos y entonces el movimiento popular se vería atrapado en la disyuntiva de seguir los ritmos y los tiempos del gobierno (es decir, del cambio institucional siempre trabado y de la negociación política, cada vez más difícil de concretar) o confiar y acelerar sus aprendizajes de autonomía para afianzar y expandir sus posiciones de poder en la sociedad. La coyuntura que hizo expresivas estas contradicciones fue la que va desde el paro de octubre de 1972 hasta la mañana del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973.
En esos días y meses, la derecha asociada con los gremios (transportistas, colegios profesionales, comerciantes, etc.), puso en marcha una estrategia de ingobernabilidad encaminada a producir un golpe de Estado con apoyo social; el gobierno de Allende recurrió a todos los medios para conjurar “la sedición”, mientras que el pueblo movilizó todos sus recursos para impedir que el país se paralizara, propósito buscado por el movimiento antisocialista. La movilización popular fue bastante exitosa, pero evidentemente no sobrepasó las previsiones del gobierno y de la propia UP sobre sus alcances. La movilización popular a estas alturas comenzaba a desencontrarse con el gobierno afirmando su propia lógica: la del “poder popular”.
Sin embargo, en este mismo proceso de “agudización de la lucha de clases” la tragedia comenzó a dibujarse en el horizonte. El gobierno de la UP debía enfrentarse a una derecha crecientemente golpista, lo que estrechaba y hacía imposible la negociación política que era lo que los partidos políticos sabían hacer, mientras que el pueblo (y la Izquierda) se tensionaba y dividía frente a la necesidad de apoyar al gobierno y por otra parte asegurar sus logros en la base y las posibilidades del socialismo.
La división de la Izquierda, por su parte, era expresiva de los viejos problemas estratégicos no resueltos por el propio movimiento popular, entre otros el de su propia autonomía frente al Estado, de tal suerte que el golpe lo sorprende sin las orientaciones capaces de enfrentar la emergencia que se le venía encima.
La percepción de un camino a esas alturas sin salida quedó claramente expresada en un carta que enviará al presidente Allende la Coordinadora de Cordones Industriales de Santiago, el 5 de septiembre de 1973:
“Antes, teníamos el temor de que el proceso al socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero, ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese, ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo”.(1)
Y llámese fascismo o dictadura, este fue el destino que finalmente se impuso, haciéndose evidente no sólo el carácter débilmente democrático del sistema político e institucional chileno, sino que también el carácter aún precario y germinal de una alternativa madurada y sostenida desde el movimiento popular. En este contexto, cuando colapsaron los partidos, como representantes o conducción política, colapsó también el movimiento popular

MARIO GARCES D.
Historiador